Un nuevo año siempre es el comienzo de una etapa de cambios en el plano individual y familiar, pero también es una oportunidad para la reorientación de las políticas públicas de un país.
En materia de Código de Aguas, en un largo período, hemos transitado por caudales inestables, inciertos y sinuosos. Es muy probable que sin la unidad de las principales organizaciones de regantes y de agricultores, no hubiésemos logrado develar las serias imperfecciones de una reforma que se fundamentó en premisas ideológicas, subestimando desde un comienzo el impacto en el mundo rural.
Durante diciembre, después de años de debate sobre este cambio legislativo, la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, junto a otras organizaciones de la región y el país, asistimos a la Comisión de Agricultura del Senado, para plantear las debilidades y omisiones de la Reforma al Código de Aguas que avanza en su segundo trámite constitucional.
Los argumentos que hemos esgrimido en esta instancia legislativa, se sustentan en temas como el nulo aporte de la futura temporalidad de los derechos de aguas; la inaplicabilidad de la norma en las redes de distribución, ante la coexistencia de derechos actuales y futuros; el establecimiento de caudales ecológicos retroactivos con una metodología obsoleta; la no priorización del agua para la producción de alimentos, entre otras materias.
Sin duda, una de las disposiciones que genera mayores incertezas para la viabilidad de la pequeña agricultura, es la obligación de regularizar en plazos acotados los derechos de aguas bajo apercibimiento de caducidad, siendo que esos miles de agricultores llevan varias generaciones regando.
Por otra parte, el artículo 129 bis 1, referido al caudal ecológico retroactivo, establece que en casos calificados podrán establecerse caudales ecológicos de hasta un 40% del caudal medio anual, sin hacer distinción de cuencas, ecosistemas, efectos sociales, entre otras variables.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer medidas para mejorar la protección del medio ambiente, pero hay que hacerlo de manera seria, con una mirada integral de la cuenca, incluyendo su función ambiental y social. Lo propuesto por el poder ejecutivo no solo es deficiente, si no que inaplicable por la imposibilidad de administrar derechos con y sin caudal ecológico, cuando los caudales varían en tiempo real.
Por otra parte, debido a que esta reforma cambia la concepción jurídica de los derechos de aguas, alienando el concepto de disposición de los mismos, generando incertidumbre frente a las posibilidades de caducidad y temporalidad, afectará el financiamiento de los proyectos agrícolas si no se realizan las enmiendas necesarias.
La nueva administración de Gobierno podrá contar con el aporte permanente de las organizaciones de regantes del país, a través de un diálogo abierto, franco, con rigurosidad técnica y visión holística de nuestras cuencas.
Estamos convencidos de que vivimos una oportunidad histórica para modernizar nuestra institucionalidad del agua, impulsar grandes obras de riego, mejorar los niveles de información y de gestión local de las cuencas y avanzar hacia un manejo integrado que nos permita abordar de manera sustentable las dimensiones sociales, ambientales y turísticas del agua.
Ese gran paso en gestión requiere, muy fundamentalmente, perfeccionar esta reforma al Código de Aguas, para devolverles a los agricultores la confianza que merecen. Sólo así podrán seguir contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de Chile.
Escrito por: Martín Arrau García Huidobro – Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble