Preparado por: Arturo Correa y Carlos Quiroz
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los temas relevantes para avanzar hacia el desarrollo sustentable y competitivo de la producción frutícola nacional es el uso y manejo adecuado de plaguicidas para el control de plagas. Las crecientes exigencias por alimentos inocuos, libres de residuos, sumado a los compromisos de Chile en orden a reducir la carga de plaguicidas, obligan a revisar las estrategias de manejo fitosanitario en frutales de exportación.
INIA ejecutó un estudio, tendiente a desarrollar estrategias para reducir el uso de plaguicidas en uva de mesa y manzana, las dos principales especies frutales de exportación. El levantamiento de información primaria y secundaria, al inicio del proyecto, permitió establecer la línea base sobre la cual hacer el seguimiento de una política consistente en Chile en torno al uso de plaguicidas en agricultura.
Las actividades del proyecto a nivel de campo estuvieron centradas en la eficiencia de las aplicaciones (cómo se debe aplicar) y en criterios de aplicación determinados por la presión de plagas y enfermedades (cuándo se debe aplicar), evaluados en unidades experimentales instaladas en diecisiete predios exportadores seleccionados para el estudio a lo largo de las zonas productoras de estos frutales (Regiones de Coquimbo a La Araucanía), en los cuales se comparó el manejo fitosanitario de los productores versus una propuesta INIA basada en una adecuada calibración y dosificación de los equipos de aplicación, y en un monitoreo, diagnóstico y umbrales de daño económico establecidos como momento de aplicación. Diversos ensayos permitieron demostrar que para algunas de las plagas claves, tanto de uva de mesa como de manzana, es posible reducir el uso de plaguicidas.
Durante el desarrollo del estudio se detectó una serie de falencias y puntos críticos en el uso y manejo de los plaguicidas, razón por la cual surge la necesidad de proponer iniciativas en el contexto del establecimiento de políticas públicas, como una manera de implementarlas en forma rápida y masiva con los consiguientes beneficios que esto ocasionaría. Las propuestas a considerar son tratadas a continuación.
2. Desarrollo de Propuestas
2.1. Establecer un programa nacional de inspección y certificación de equipos destinados a la aplicación de plaguicidas
Una correcta aplicación de plaguicidas permite realizar una distribución homogénea del producto y dosificar según lo recomendado y autorizado, con el objeto de evitar efectos negativos o perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Una deficiente mantención, calibración y/o regulación de los equipos genera una errática distribución, no sólo dentro del cultivo sino también a lugares fuera de éste; mientras que la presencia de desperfectos, averías o desajustes en sus elementos y parámetros operativos pueden originar tanto pérdidas por fugas, como también peligros graves al operador en la tarea de pulverización.
En la mayoría de los tratamientos con pulverizadores hidroneumáticos se encontró una baja eficiencia de aplicación, perdiéndose más del 50% del volumen aplicado por condiciones desfavorables del cultivo, de las condiciones ambientales y del equipo aplicador, correspondiendo un 33% de ineficiencia producto del mal uso de la maquinaria utilizada.
En Chile la ausencia de; certificación de equipos nuevos de aplicación de plaguicidas y de actividades de inspección y calibración obligatoria de equipos ya en uso, generan efectos no deseados en el manejo sanitario de la producción hortofrutícola del país, como la mayor contaminación ambiental por sobredosis de plaguicidas, resistencia de plagas y enfermedades, mayores costos de aplicación y problemas de seguridad de los operadores, entre otros.
La situación de este tema es cada vez más relevante a nivel mundial, estableciéndose como en el caso de la Unión Europea (28 países miembros) la progresiva obligatoriedad de las inspecciones de equipos de aplicación. Existen otras Directivas asociadas a este tema, por lo que en la actualidad al menos en 20 países de Europa es obligatoria la inspección (incluyendo calibración) en la totalidad de los pulverizadores hidráulicos de barra e hidroneumáticos.
Al respecto, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 21 de octubre de 2009, que fija el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, establece en el apartado referente a inspección de equipos en uso que:
? Se velará porque los equipos de aplicación de plaguicidas para uso profesional sean objeto de inspecciones periódicas. El intervalo entre las inspecciones no será superior a cinco años hasta el año 2020, ni a tres posterior a esa fecha.
? A más tardar el 14 de diciembre de 2016, los países miembros velarán porque los equipos de aplicación de plaguicidas se inspeccionen como mínimo una vez. Transcurrido dicho período, solamente podrán utilizarse para fines profesionales los equipos que hayan aprobado con éxito la inspección.
? Los equipos nuevos deberán inspeccionarse como mínimo una vez dentro de un plazo de 5 años después de su compra.
Considerando la experiencia de países europeos, dada su relevancia como destino de la fruta chilena, es que los autores sugieren para establecer un programa nacional de inspección y certificación de equipos pulverizadores, cinco medidas que se detallan a continuación:
a. Establecimiento de estándares técnicos para equipos de aplicación de fitosanitarios
Se deberán establecer protocolos técnicos tanto para equipos de aplicación de plaguicidas nuevos como para usados, basados en estándares utilizados en Europa.
b. Establecimiento de protocolos de inspección y calibración de equipos de aplicación de fitosanitarios
Se deberá establecer protocolos sobre la metodología y procedimientos para evaluación (inspección) y calibración de equipos de aplicación de plaguicidas. Se deberá elaborar un manual en el que se expliquen detalladamente los procedimientos que deberán llevar a cabo, tanto los usuarios de equipos aplicadores, como los inspectores que deban realizar la inspección y la calibración. Además deberá detallarse el método para comprobar el buen funcionamiento de los pulverizadores, así como los implementos necesarios para una calibración adecuada respecto al cultivo y tratamiento a realizar.
c. Formación de inspectores
Se deberá establecer un mecanismo que permita acreditar inspectores para uniformar y estandarizar las metodologías de inspección y calibración de equipos.
d. Inscripción de maquinaria y equipos de aplicación de plaguicidas
Se requerirá que cada usuario registre las maquinarias y equipos que utiliza para las aplicaciones de plaguicidas, especificando sus características.
e. Certificación de equipos aplicadores de plaguicidas
Los equipos de aplicación de plaguicidas que cumplan exitosamente con la inspección, y cuya calibración se haya realizado en forma correcta, estarán aptos para realizar dichos trabajos, haciéndoseles entrega de un certificado firmado por quien inspecciona y un distintivo adhesivo al equipo, que certifique su aprobación.
2.2. Fortalecimiento de Recursos Humanos en materias de uso y manejo de plaguicidas
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto a diferentes actores públicos y privados vinculados a estas materias, estableció el año 2001 un programa nacional de reconocimiento de aplicadores de plaguicidas, de carácter voluntario. El objetivo de esta iniciativa era lograr que personas entrenadas aplicasen los plaguicidas, lo que derivaría en la minimización de las externalidades negativas propias del uso de estas sustancias. Así, en el año 2001 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el SAG, aprobado por Resolución Exenta N° 1044 de 4 de mayo de 2001 de la Dirección Nacional del SAG.
A mayo del año 2014, el programa ha permitido entregar más de 40.000 credenciales de capacitación a aplicadores de plaguicidas. Entre los beneficiarios se encuentran tractoristas, responsables de campo, temporeros, profesionales, técnicos y agricultores, entre otros. La cifra indicada permite establecer que la cobertura del programa ha sido insuficiente, teniendo en consideración que existen más de 270.000 explotaciones agrícolas en Chile, en la mayoría de las cuales se aplica plaguicidas para el control de plagas y enfermedades. Otro aspecto a considerar, es la ausencia de un análisis del impacto real de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, lo cual no permite valorizar en forma objetiva los resultados de la mejora en las prácticas. Considerando que los cursos mencionados deben ser actualizados cada 5 años, y por otra parte, que ha pasado más de 10 años desde la implementación de la iniciativa, hoy se detecta la necesidad de actualizarlos y, para quienes recibieron su credencial, formular nuevos cursos que impliquen una formación superior al nivel básico ya implementado. Este planteamiento surge como consecuencia de la importancia de minimizar el uso y las externalidades negativas asociadas a la aplicación de plaguicidas en el país.
Un recurso humano con más conocimiento puede buscar alternativas de menos impacto, utilizar herramientas como monitoreo y criterios de aplicación, calibrar la maquinaria agrícola y dosificar adecuadamente, entre otras materias, lo que indiscutiblemente lleva a requerir otro perfil de formación.
Fundándose en la experiencia nacional e internacional en estas materias es que los autores sugieren establecer:
a. Obligatoriedad para quien aplique plaguicidas de tener una credencial.
Los usuarios de plaguicidas deben estar plenamente conscientes y ser responsables de los impactos que conlleva el uso de estas sustancias. Por consiguiente, el Estado debe garantizar a la comunidad que éstos tienen el nivel mínimo de formación requerido para poder usar estos productos. Esta figura permitirá transferir una mayor responsabilidad legal a las personas que aplican los plaguicidas, permitiendo al Estado y sus órganos de control, poder sancionar a quienes no respetan la normativa vigente y, por tanto, afectan la salud de las personas y el medio ambiente.
b. Cursos de aplicadores de plaguicidas diferenciados
Se requiere generar una norma de carácter oficial que fije los requisitos de formación para los aplicadores de plaguicidas en Chile, lo cual derive en cursos específicos que, de aprobarse, previo cumplimiento de determinados requisitos de titulación o superación de cursos, se traduzca en la entrega del carné o credencial de usuario de plaguicidas.
Los niveles de capacitación propuestos serían cuatro:
b.1. Básico. Esta dirigido al personal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos y a los agricultores que los realicen en su propia explotación sin emplear personal auxiliar y utilizando plaguicidas clasificados con franja toxicológica verde.
b.2. Calificado. Este curso va dirigido a los responsables de equipos de tratamientos terrestres y a los agricultores que los realicen en su propia explotación empleando personal auxiliar y utilizando plaguicidas que no sean o generen gases. Requieren entrenamiento en dosificación y calibración, entre otras materias.
b.3. Fumigador. Este curso de nivel cualificado va dirigido a los responsables de equipos de plaguicidas que sean o generen gases clasificados como moderadamente o extremadamente tóxicos (franja toxicológica roja).
b.4. Piloto aplicador. Este curso de nivel cualificado va dirigido a los responsables de equipos de tratamientos aéreos que presten servicio de aplicación o a los agricultores que los realicen en su propia explotación empleando su equipo propio.
2.3 Control a laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas en Chile
La inocuidad de los alimentos puede verse afectada por la presencia de residuos de origen químico, lo que puede constituir un peligro para la salud pública. Los plaguicidas se encuentran relacionados directamente con los procesos productivos realizados en las explotaciones agrícolas y por tanto, es necesario establecer controles de su presencia, de manera que no produzcan efectos negativos. Según FAO, “el control de los alimentos se aplica a través de todo el sistema alimentario. Los tres componentes básicos de una infraestructura de control de alimentos son la ley de alimentos y los reglamentos que la acompañan, la unidad de inspección, servicios de análisis y de ejecución, y los servicios de apoyo (educación, información, capacitación y asesoría)”.
Dentro del esquema indicado por FAO, aparece la función de los laboratorios de análisis, fundamental para el control de la inocuidad de los alimentos. Su rol se asocia a determinar que los productos alimentarios muestreados cumplan con las normas o exigencias establecidas.
Los laboratorios deben contar con el más moderno instrumental y métodos de análisis, así como el personal entrenado para estos fines. Para ello, también se requieren conocimientos técnicos actualizados, que sólo se pueden adquirir a través de programas permanentes de entrenamiento del personal.
Los resultados de los análisis pueden servir de base para una acción legal o reglamentaria (pública o privada), los métodos y las técnicas utilizadas para la toma de decisión deben ser precisos y validados. En los países desarrollados estas materias son cuidadosamente vigiladas y, con frecuencia, el laboratorio de análisis se ve forzado a defender la habilidad de su recurso humano, el método y las técnicas de análisis utilizadas, la exactitud de los instrumentos empleados y los resultados del análisis, frente a paneles de expertos provenientes del mundo público o privado.
Los requisitos relativos a las instalaciones, gestión, personal, garantía y control de la calidad, documentación que entrega los resultados y datos no elaborados y otros temas pertinentes, que se consideran requisitos previos para obtener resultados fiables e identificables, se describen de forma general en la norma ISO/IEC 17025 (1999) y en una serie de documentos de orientación de la OCDE sobre buenas prácticas de laboratorio, así como en las leyes y reglamentos nacionales correspondientes.
De lo anterior, se puede señalar que la finalidad de un laboratorio es producir resultados confiables para la toma de decisiones. Estos datos deben ser obtenidos con técnicas analíticas confiables, precisas y adecuadas para su fin. Esto, que parece obvio, no es tan fácil de lograr en la realidad. Durante el desarrollo del proyecto, se contrataron servicios de análisis de residuos de plaguicidas a diferentes laboratorios nacionales detectándose resultados muy diferentes, usando metodologías analíticas adecuadas.
Este tema resulta extremadamente delicado, y por tanto, se requiere un abordaje consistente. Por ello, fundándose en la experiencia nacional e internacional, se sugiere establecer algunas medidas que se mencionan y detallan a continuación.
a. Fortalecimiento de la acreditación de laboratorios
La acreditación de un laboratorio es el reconocimiento formal por parte de una organización independiente, de que el laboratorio es competente para realizar determinados análisis. La acreditación es el resultado final de una evaluación (auditoría analítica) realizada por un equipo de evaluadores (auditores), que tienen la experiencia, los conocimientos científicos y técnicos suficientes para verificar que los requerimientos establecidos en una normativa o pauta o protocolo definido, se cumplan. La evaluación cubre dos áreas generales distintas: aspectos organizacionales y aspectos técnicos.
En este contexto, se propone fortalecer y estandarizar la formación de los auditores que realizan las auditorías a nivel nacional, personal clave en el proceso. Se debe indicar que ellos deben tener la formación y el criterio suficiente para evaluar no sólo el cumplimiento de la normativa, sino si los métodos y procedimientos establecidos por el laboratorio se ajustan al propósito de los mismos, es decir, si las figuras de mérito (características de desempeño de los métodos) son adecuadas al nivel de precisión y exactitud (veracidad) requeridos para que la toma de decisión se haga con un cierto nivel de confianza.
A juicio de los especialistas de la institución se requiere que este tema sea analizado en una Comisión Nacional de Expertos, que permita buscar una mejora en este aspecto de manera pública y transparente.
b. Aseguramiento de Calidad Analítica de los laboratorios
El aseguramiento de la calidad analítica forma parte imprescindible de la administración de laboratorios, que busca demostrar y evaluar de manera transparente, objetiva y documentada, la validez de los procedimientos utilizados para generar datos confiables. El aseguramiento de calidad presupone la existencia de un sistema de control de calidad de las mediciones, de un sistema de evaluación de la calidad y de un sistema de documentación que proporcione evidencia objetiva de su existencia. La ausencia de cualquiera de estos componentes compromete la validez de los resultados analíticos.
Las propuestas que se levantan en este aspecto son:
? Realización sistemática, oficial y pública de auditorías para demostrar la permanencia de la validez de los sistema de calidad de los laboratorios;
? Comparación de los datos obtenidos entre laboratorios, basada en la trazabilidad a las unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI), el uso de materiales de referencia certificados y la realización de estudios interlaboratorios;
? Implementación de técnicas estadísticas para demostrar la validez de los procedimientos y datos generados por el laboratorio, y la necesidad de documentarlo todo, basado en el principio de que “si no lo escribió, no lo hizo”.
2.4 Fortalecimiento de las negociaciones internacionales asociadas a la apertura de mercados
En el contexto del estudio realizado se analizó, en términos generales, si los protocolos o acuerdos fitosanitarios firmados por el gobierno de Chile tienen alguna incidencia en el uso de plaguicidas en el país. Para ello se analizaron los protocolos más exigentes o diferenciadores que están vigentes, y que se aplican a los dos frutales de exportación analizados, uva de mesa y manzanos.
Es importante indicar que Chile ha logrado tener acceso a los más diversos e importantes países/mercados, cada uno con sus propias y múltiples exigencias (calidad, logísticas fitosanidad, inocuidad, entre otras). La forma de abordar esta diversidad de exigencias por parte del productor y/o exportador nacional es implementando el escenario más crítico, el que corresponde a las mayores exigencias de cada uno de los mercados, para con ello, tener la posibilidad de acceder a cual- quiera de éstos, sin limitaciones. A las exigencias fitosanitarias tradicionales se deben agregar hoy las vinculadas a la inocuidad, donde uno de los componentes más relevantes y controlados son los asocia- dos a los riesgos químicos, en particular al uso de plaguicidas.
La apertura de nuevos mercados ha producido un aumento del número de plagas sujeto de control que deben estar ausentes al momento de la inspección. Los programas fitosanitarios destinados al control de las plagas cuarentenarias para los mercados de destino, en general, son definidos por los productores con el apoyo de asesores, usualmente de las empresas exportadoras. La efectividad de este trabajo técnico se verifica al momento de la inspección fitosanitaria que realiza el SAG o las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de destino, cuando corresponda, previo a la emisión del certificado fitosanitario o arribo al país de destino. Es decir, si se aprueba la inspección las tareas fueron exitosas; de lo contrario, las pérdidas o costos adicionales pueden ser determinantes para el productor e inclusive para el resto de los productores nacionales.
Los mercados donde se exporta uva de mesa son variados y con diferentes exigencias. Al analizar sólo los mercados de China, Brasil, Corea y México se detectan 22 plagas cuarentenarias que deben ser controla- das a nivel predial en Chile, siendo el más requirente el mercado asiático con 20 plagas. La mayoría de los mercados solicita tener registros del control fitosanitario ejecutado a nivel predial en la uva de mesa exportada, sin embargo, no existe la imposición de un Programa Fitosanitario obligatorio para una plaga cuarentenaria específica. Esta situación permitiría integrar diferentes prácticas de manejo para controlar las plagas cuarentenarias, no siendo la única, la aplicación de plaguicidas. En el caso del Protocolo con China se señala en el anexo 1, que “inspectores chinos verifiquen prácticas y metodología de con- trol de plagas cuarentenarias para su mercado”, por tanto, se establece un requerimiento específico de control a la plaga cuarentenaria.
En el caso de las manzanas exportadas, los Acuerdos y/o Protocolos Fitosanitarios establecen un mayor grado de intervención predial que los vistos en uva de mesa. El protocolo fitosanitario firmado con México establece la “obligatoriedad” de la instalación de trampas de captura para determinar las curvas de vuelo de Cydia molesta, así como la declaración de aplicación de insecticidas del productor, para lo cual se solicitan registros y declaraciones de tratamientos calendarizados realizados para el control de plagas.
Para el mercado de México, otro aspecto es la obligatoriedad de presentar un programa fitosanitario “eficiente”, que por lo tanto está sujeto a revisión tanto por las autoridades mexicanas como chilenas (SAG). Si es considerado un programa “deficiente” – falta de cobertura entre un plaguicida y otro, para el caso de aplicaciones calendario 5 días máximos – el muestreo del lote es incrementado al momento de la inspección, lo que significa una mayor probabilidad de un rechazo e incremento en los costos de inspección. Adicionalmente se establece un muestreo de campo previo a la cosecha, donde al detectarse alguna plaga cuarentenaria para México, el predio se clasificará de acuerdo a niveles de riesgo y se establecerán procedimientos para el control fitosanitario predial.
En el caso del mercado de Taiwán, se establece a nivel predial opcionalmente la instalación de trampas de captura de Cydia pomonella o “medidas de control eficaces y continuas para prevenir infestaciones, es decir pulverizaciones periódicas de plaguicidas recomendados específicamente para Cydia pomonella, con intervalos según el período de protección de los insecticidas aplicados”. Estos Programas son supervisados por el SAG.
De lo analizado respecto de este tema se puede plantear:
a. En la mayoría de los Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios suscritos por Chile se indica como uno de los requerimientos específicos la ausencia de plagas, siendo responsabilidad del productor abordar esa exigencia a nivel de prácticas prediales. De este modo, los requerimientos, actividades y logística, entre otras materias establecidas en los Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios, deben ser cumplidos estrictamente por los productores si pretenden tener acceso sin limitaciones a los diferentes mercados.
b. Se observa que las medidas impuestas en estos Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios ya no se basan simplemente en la detección de plagas cuarentenarias en inspecciones oficiales bajo procedimientos muestreales habituales. Hoy por hoy, las medidas van más allá, interviniendo no sólo las prácticas agronómicas prediales realiza- das en origen, sino que apuntando directamente a su control y calificación de éstas. Ejemplos de ello son los Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios firmados con México (uvas y manzanas), China (uva) y Taiwán (manzanas), donde se aprecia, que los programas fitosanitarios utilizados por el productor se definen como “eficientes” o “insuficientes” o bien son “verificadas las prácticas y metodologías de control” por autoridades de las ONPF de países de destino.
c. Se detecta a través de los años un incremento de la presencia de residuos de plaguicidas en uva de mesa chilena, información proveniente del Program Data Pesticide (PDP) de los Estados Unidos de América. El año 2000 se detectaron 5 residuos, mientras que al año 2010 aumentaron a 12, siendo los residuos de fungicidas los de mayor aumento de 3 a 10. La realidad expuesta en estos Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios refuerza que si el productor quiere acceder a estos mercados, el control de las plagas cuarentenarias debe ser realizado en base a aplicaciones de plaguicidas por calendario, eliminando la posibilidad de utilizar prácticas basadas en monitoreo para luego definir si corresponde o no aplicar. Ello evidentemente relega el uso de prácticas más amigables con el medio ambiente y eleva los riesgos asociados a la inocuidad alimentaria (residuos de plaguicidas y otros contaminantes).
d. Se aprecia en estos Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios un desincentivo al uso de programas fitosanitarios basados en el monitoreo de plagas. Por un lado, las contrapartes oficiales tanto nacionales como del país de destino aceptan sin requerimientos especiales de ningún tipo el uso de plaguicidas (salvo el cumplimiento de los LMR), sin considerar su toxicidad o impactos ambientales, entre otros. Es claro que lo relevante es dar respuesta a la exigencia bastándoles que su efecto residual sea suficiente para cubrir el desarrollo del cultivo y que exista trazabilidad de las acciones.
e. Si bien algunos Protocolos/Acuerdos Fitosanitarios consideran los tratamientos en base a monitoreo, en forma explícita, no definen umbrales de captura (excepciones como Taiwán) que permitan con- firmar para todos los involucrados, en especial SAG y las ONPF de los mercados de destino, que la aplicación de plaguicidas se realizó en mérito a lo detectado. Si estos parámetros fueran definidos claramente, habría un reconocimiento explícito al monitoreo y umbral de captura para la definición del plan de control, con sus ventajas y desventajas y, por tanto, el riesgo sería asumido por to- das las partes, tanto nacional como del mercado de destino y no sólo por el productor.
f. De acuerdo a lo anteriormente indicado, el Manejo Integrado de Plagas (MIP), a pesar de ser un programa eficiente, y por tanto, reconocido y aplicado internacionalmente, no resulta, producto de las exigencias fitosanitarias de los mercados, seguro para el sector exportador nacional y, por tanto, su implementación es limitada. Este hecho real, deriva en que la forma aplicada para controlar las plagas es a través de tratamiento calendario de plaguicidas.
g. Los programas fitosanitarios centran parte importante de su estructuración en el efecto residual de los plaguicidas. Se debe tener en consideración que los plaguicidas nuevos, de última generación, pueden no ser adecuados para los calendarios y exigencias planteadas por los Protocolos, sea porque no abarcan todas las plagas o bien porque no llegan a nivel de control cero, lo cual podría obligar al país a mantener en vigencia plaguicidas antiguos (más tóxicos, por ejemplo) sólo para cumplir exigencias de acuerdos, poniendo en riesgo la salud de las personas y/o el medio ambiente.
h. La Producción Sustentable y la Inocuidad Alimentaria son desafíos relevantes para la agricultura nacional en las últimas décadas y se ha puesto gran énfasis y fomento en estas áreas. En este escenario se han generado una serie de estrategias y técnicas para disminuir el uso de plaguicidas y tender a la producción limpia. Sin embargo, protocolos como los presentados van en una línea completamente diferente, prácticamente opuesta o incluso regresiva. Estos conceptos y estrategias nacionales deberían ser consideradas al momento de negociar y firmar estos Protocolos comerciales.
i. Otro aspecto relevante al ver la evolución de las exigencias de plagas cuarentenarias para distintos mercados es que estas se acrecientan, muchas de ellas, sin bases técnicas sólidas, siendo acepta- das a nivel institucional. Es relevante indicar que la capacidad de negociación nacional debiese ir acompañada de un análisis de riesgo, que señale la real capacidad de introducción y establecimiento de una plaga, en el mercado de destino, y que por tanto, no corresponde a un requerimiento discrecional.
Fundándose en la experiencia nacional e internacional, se propone:
Si bien se considera que es relevante la apertura de nuevos mercados para la fruticultura nacional, en la negociación de estos, deberían participar personas que estén directamente involucradas en los procesos productivos, investigadores especializados, analistas de riesgo, entre otros expertos, en apoyo al SAG, de manera de sopesar los alcances de las negociaciones, tanto en su aspecto central como en las externalidades positivas y negativas que de este resultaren.
2.5 Plan de fomento al recambio de maquinaria utilizada en la aplicación de plaguicidas
Se identificó en el contexto del Proyecto, a través de la encuesta realizada a los productores de uva de mesa y manzanas, la maquinaria disponible en los predios para aplicación de plaguicidas. Se detectó que existe un total de 34 marcas de tractores de las más variadas procedencias, siendo un 56% de ellos utilizados en uva de mesa y el resto en manzana.
Otra materia abordada correspondió a lo relacionado con la antigüedad de los tractores asociados a la aplicación de plaguicidas disponibles en los predios. A nivel de Regiones, las que cuentan con tractores más antiguos son Valparaíso y la RM, y con tractores más nuevos Atacama y O’Higgins. En el caso de uva de mesa cerca del 30% de los equipos tiene más de 15 años, los que comparados con esquemas internacionales, debiesen estar fuera de uso. En el caso de manzanas, la antigüedad se asemeja al caso de las uvas de mesa, cercano al 30%.
Otra materia evaluada fue la determinación de la potencia de los tractores declarados por los encuestados. La mayoría de ellos se ubicaron entre 60 y 70 HP (31,8%) a nivel nacional, potencia suficiente para aplicar adecuadamente los plaguicidas. Sin embargo, cerca del 25% de las maquinas no disponen de la potencia suficiente.
De lo anterior y, teniendo en consideración las experiencias del Proyecto, se puede indicar que existe bastante consenso en que una de las falencias principales en el manejo de plaguicidas en Chile proviene de la calidad y uso de la maquinaria. La antigüedad tanto de tractores como de equipos complementarios de aplicación, tiene una directa relación con la calidad de las aplicaciones y en consecuencia con un uso mayor de plaguicidas, a la vez que genera mayores gastos de petróleo y mantención.
Fundándose en la experiencia internacional, se propone:
La implementación, por parte del Estado, de un instrumento de fomento al recambio de maquinaria asociada a la aplicación de plaguicidas. Existen ejemplos interesantes en Brasil y Francia, que podrían ser la base para el diseño de un plan de trabajo en la materia con el apoyo del Estado.
2.6 Plan de fomento a la implementación de gestión integrada de plagas y a técnicas alternativas, tales como los métodos no químicos
Como se ha visto, las exigencias son cada vez mayores en el sentido de minimizar el uso de plaguicidas. Por ello, la propuesta es entregar herramientas modernas a los productores hortofrutícolas nacionales, destinadas a la implementación de gestión integrada, lo que permitiría la revisión cuidadosa de todos los métodos de protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos (plagas), de manera de aplicar plaguicidas u otras formas de intervención en niveles que estén justificados (comercial, técnica y económicamente), lo que impactaría en la reducción y minimización de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, así como en el óptimo control de las plagas.
Es indiscutible que la gestión integrada de plagas es parte del modelo de desarrollo sostenible que hoy se busca en el mundo, en particular porque pone énfasis en conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agro-ecosistemas y en la promoción de los mecanismos naturales de control de plagas.
Fundándose en la experiencia nacional e internacional, es que se propone:
a. La implementación de un Plan Nacional de Gestión Integrada, para lo cual sobre el objetivo general planteado supra definir los objetivos específicos, metas, indicadores y calendarios necesarios para alcanzar el resultado esperado. Los objetivos podrán incluir diferentes ámbitos de interés, por ejemplo la protección de los trabajadores, la protección del público en general o de grupos vulnerables, la protección del medio ambiente, los residuos, el desarrollo, uso y promoción de técnicas específicas o la utilización en cultivos específicos u otros ámbitos de interés.
El Plan debe tener un carácter integral a fin de obtener efectos y resultados representativos de la actividad fitosanitaria global y de asegurar la aplicación simultánea de todas las medidas y criterios de sostenibilidad. En su elaboración, revisión y modificación se tendrán en cuenta también los efectos sociales y económicos de las medidas que se incluyan.
La entidad líder debiese ser el Ministerio de Agricultura y sus organismos de apoyo técnico, debiendo el INIA asumir un papel protagónico.
b. Desarrollar una investigación más activa e independiente que permita abordar esta materia en función de un objetivo país. Para ello, generar una línea de financiamiento público destinado a abordar estas temáticas.
Otras propuestas.
Si la política nacional va encaminada a hacer un uso más racional de los plaguicidas en Chile, debe considerarse algunas medidas como las siguientes:
a. Consolidar y ampliar una red nacional agrometeorológica de alerta temprana de plagas.
b. Apoyar a los productores brindándoles una asesoría técnica más relacionada con sus condiciones agroecológicas y las particulares características de su sistema productivo, lo cual requiere de mayores capacidades e información por parte de los asesores técnicos.
c. Mejorar las capacidades de productores y de sus trabajadores para el uso de técnicas de monitoreo, lo que puede hacerse a través de programas de capacitación que contemplen el reconocimiento, seguimiento y manejo de las potenciales plagas y enfermedades que pueden afectar su huerto o parronal.
d. Implementar una política público-privada de investigación, mediante el financiamiento adecuado de recursos humanos y físicos, que permita estudiar más profundamente el comportamiento de plagas y enfermedades, a fin de desarrollar métodos de monitoreo simples y confiables y criterios de control para bajar el número de aplicaciones.
e. Desarrollar una investigación más activa, permanente e independiente sobre carencias, residuos, uso de enemigos naturales, plaguicidas naturales o nuevos grupos químicos, a fin de mantener el prestigio del país como productor de alimentos inocuos y producidos considerando el respeto por el medio ambiente y por la salud de quienes participan en su proceso.