En el marco de la Enagro 2014, el ministro Carlos Furche enfatizó que el mayor presupuesto de su cartera se enfocará en potenciar los temas fitosanitarios y zoosanitarios. Y los mayores recursos del SAG irán a fortalecer la condición sanitaria del país.
La industria agropecuaria y forestal será uno de los sectores más dinámicos del país el próximo año y uno de los motores de la reactivación de la economía de acuerdo con la visión del ministro de Agricultura, Carlos Furche. “Probablemente, incluso, sea el más dinámico”, aseguró ayer, al participar de la décima versión del Encuentro Nacional del Agro (Enagro).
Lo anterior fue reafirmado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien señaló que el agro tiene que jugar un rol en la recuperación de la economía. “El sector agroindustrial es uno de los que debiera liderar el crecimiento. Están las condiciones para que esto se dé en el corto y mediano plazo” sostuvo, agregando que los países exportadores de materias primas de la región, incluido Chile, han visto reducidas sus perspectivas de expansión. A su juicio, el “ajuste sano” que vive la economía chilena se ha dado en tres ámbitos: las políticas cambiaría, monetaria y fiscal.
Furche dijo que existe una coyuntura excepcional. A nivel externo, hay una alta demanda por alimentos y de crecimiento medio de los países emergentes que dan la posibilidad de colocar en los mercados todo aquello que Chile sea capaz de producir y además, ponerlos en condiciones ventajosas respecto de principales competidores.
Asimismo, a nivel interno destacó el mayor nivel del dólar y la reducción que ha experimentado la tasa de política monetaria, lo que contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento para el sector. Furche también remarcó que el presupuesto del Ministerio de Agricultura crece 6,2% en 2015. “Esta es la mayor expansión del presupuesto sectorial de los últimos seis años y si descontamos el 2008 y 2009, que por razones coyunturales la cartera tuvo un alza sobre el 10%, es el mayor de la última década”, aseguró.
El secretario de Estado, explicó que esos recursos irán dirigidos a potenciar los temas fitosanitarios y zoosanitarios: el presupuesto del SAG crecerá 10% para fortalecer la capacidad de recuperar la condición sanitaria que, según Furche, de algún modo en los últimos años se ha venido deteriorando.
Respecto de las tareas pendientes señaló que es necesario mejorar el marco jurídico sobre los derechos de agua. “Me parece que lo que corresponde ahora es situar ese debate en el Congreso Nacional con la participación más amplia de todos los sectores (…) Necesitamos más agua y el agua tiene una connotación de desigualdad respecto de su acceso que necesitamos corregir y a eso apuntan las modificaciones al código de agua”, dijo.
La Presidenta Michelle Bachelet que también estuvo presente en el encuentro, señaló que están trabajando en una política integral que aporte en el sentido normativo, institucional y de infraestructura, para garantizar el agua tanto para el consumo humano como para el sector agrícola.
El Ejecutivo abre diálogo para indicaciones al estatuto agrícola
El subsecretario del Trabajo Francisco Javier Díaz, invitó a un diálogo a organizaciones agrícolas de trabajadores y empleadores para aproximar posiciones respecto a indicaciones al proyecto de ley de Estatuto Laboral Agrícola que se encuentra detenido en la Cámara de Diputados.
Díaz dijo que el Gobierno comparte la idea general que inspira la iniciativa legal presentada por la administración anterior, en el sentido que hay que dar cuenta de la complejidad del sector agrícola y adaptarla a través de convenios entre trabajadores y empleadores.
No obstante consideró que hay aspectos insatisfactorios que deben ser estudiados. Por ejemplo, indicó que la figura de pactos colectivos termina debilitando a las organizaciones sindicales y se termina creando una suerte de negociación colectiva no reglada con efectos obligatorios para los trabajadores temporales que van ingresando. En cuanto a las jornadas laborales, señaló que es posible adaptarlas con fórmulas realistas concordadas como se ha hecho con las trabajadoras de casa particular y en la minería.
Las indicaciones irán después del proyecto de ley general sobre negociación colectiva que el Gobierno prevé enviar al Congreso antes de fin de año.
Los impulsores del estatuto Carlos Allendes, consejero de la SNA y Orlando Contreras, secretario general de la Confederación Sindical El Triunfo Campesino aludieron al problema de las jornadas laborales mencionando que la cosecha de cerezas dura 20 días y en las lecherías las vacas no pueden dejar de ordeñarse cada 12 horas.
SNA critica la inconstitucionalidad de algunas indicaciones al proyecto de Código de Agua que ingresó al Congreso
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, calificó de inconstitucional algunas de las indicaciones sustitutivas al proyecto de reforma al Código de Aguas que acaba de ingresar el Gobierno a la Cámara. “Hay un grupo de indicaciones que apuntan a limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento actuales, como también el de las concesiones temporales que se pretende crear. Esto va en contra de nuestra Constitución que consagra que todo derecho de aprovechamiento de aguas es propiedad de su titular, el cual puede usar, gozar y disponer de él sin esas limitaciones”, dijo Crespo.
Agregó que para combatir la escasez hídrica, lo efectivo es realizar a tiempo las grandes inversiones necesarias para acumular agua y realizar medianas y pequeñas obras de riego profundizar los pozos para asegurar el consumo de la población rural, infiltrar las napas subterráneas, incentivar el uso eficiente del agua, y apoyar a los pequeños agricultores en la mantención de sus canales. “Parte importante de estas tareas no se han hecho como corresponde (…) Para evitar abusos, como las extracciones ilegales, el Estado cuenta con las herramientas que le otorga la ley. Uno de tantos problemas, es que la DGA dispone de sólo 21 fiscalizadores en todo el país, lo que claramente no es suficiente”, aseguró.
Crespo agregó que el Estado también puede intervenir una cuenca cuando está en riesgo el abastecimiento para el consumo humano o cuando los derechos de aprovechamiento de aguas han sido mal entregados. Puede incluso expropiarlos y reasignarlos para asegurar el consumo de la población. “Dejemos de responsabilizar al mercado por problemas que responden a un déficit de Estado”, dijo.